Etiquetas
Alcalá zamora, Alfonso XIII, Azaña, Cartagena, Comisión de Responsabilidades, francisco franco, guerra civil, guerra de Marruecos, Primo de Rivera, República, Valle Inclán
Don Alfonso de Borbón Habsburgo Lorena, ex rey de España, huyó a Francia una vez que los republicanos ganaron las elecciones del 12 de abril de 1931. No lo hizo, como se ha escrito en la mayoría de los libros de historia, “por su amor a España y para salvar al país de una guerra civil”. La realidad fue que el rey tuvo miedo de correr la misma suerte que el zar Nicolás II. El rey huyó despavorido dejando atrás incluso a su mujer, quién tomo otro camino, ya que el rey partió de Cartagena en un barco rumbo a Marsella y el resto de la familia marchó en tren a Francia. Por otra parte, es importante destacar que el monarca salió de España con el equivalente a 48 millones de euros depositados en bancos de París y Londres. Como indica el historiador Javier Tusell, el monarca «era odiado por la derecha, que le consideraba blando», y por la izquierda, que le acusaba de autoritario y clerical. Los grandes fracasos de Alfonso XIII fueron la guerra de Marruecos, su apoyo a la dictadura de Primo de Rivera y la inestabilidad política de su gabinete, debida -entre otras causas- al creciente impulso del republicanismo.
En las Cortes de la República, una Comisión de Responsabilidades emitiría un dictamen acusando a Alfonso XIII de traidor a España, nombrándole responsable del golpe de Estado del 13 de diciembre de 1923 y de las dos Dictaduras que, como consecuencia, soportó el país. Por su irrefrenable inclinación hacia el poder absoluto. Por los desastres militares en la guerra con Marruecos que, además de las pérdidas humanas, gravaron el prestigio de la nación. Por ser culpable del delito de rebelión militar y por incurrir en delitos de lesa majestad contra la soberanía del pueblo español. Por ser el jefe de una rebelión militar encaminada a cambiar la forma de gobierno representativo por la de su poder personal absoluto, con el que mantuvo privado de todas sus libertades y derechos fundamentales al pueblo español durante siete años.
Así mismo, la Comisión de Responsabilidades, le consideró reo y le degradó solemnemente de todas sus dignidades, derechos y títulos que no podría ostentar legalmente ni dentro ni fuera de España, de los cuales el pueblo español, por boca de sus representantes elegidos para votar las nuevas normas del Estado español, le declaró decaído sin que pudiera reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores.
Aunque la gravedad de sus culpas le harían merecedor de la pena de muerte la Comisión, representando el espíritu de la Cámara contraria, en principio, a esta pena, propuso se le condenara a reclusión perpetua en caso de que pisara territorio nacional. Sólo le sería aplicable la pena de muerte en caso de que, por continuar en sus actos de rebeldía después de destronado por el pueblo por su personal actuación y la de sus secuaces, pudiera constituir un peligro para la seguridad del Estado republicano.
Culpable de traición, fue despojado de todos los bienes, derechos y acciones de su propiedad en territorio nacional, incautados en beneficio del Estado, que dispondría del uso más conveniente que se debiera darles, siendo preferente el de responder a los perjuicios causados a la Administración Pública por los actos de inmoralidad administrativa, en los que fue notorio su influjo durante las Dictaduras.
La sentencia, que aprueban las Cortes soberanas Constituyentes, después de sancionada por el Gobierno provisional de la República, será impresa y fijada en todos los Ayuntamientos de España y comunicada a los representantes diplomáticos de todos los países, así como a la Sociedad de Naciones.
A las 4 de la mañana del día 19 de noviembre de 1931, el dictamen de acusación contra Alfonso XIII era aprobado y, terminada la sesión, fueron aplaudidos los señores Manuel Azaña y Niceto Alcalá Zamora. Posteriormente, el gobierno de la II República aprobaría en Cortes la Ley de 26 de noviembre de 1931, donde Alfonso XIII sería acusado de alta traición. Como dijo el ilustre Valle Inclán: «Los españoles han echado al último de los borbones, no por rey sino por ladrón». El 15 de diciembre de 1938 el general golpista Francisco Franco derogaría la Ley, en este sentido la actual monarquía esta concebida bajo un régimen ilegal.
Luis Egea
Fuentes consultadas: Diario ABC 13.11.1931