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 Haciendo uso, o abuso, de su mayoría absoluta en el Congreso e ignorando como siempre al resto de la Cámara, el Partido Popular ha aprobado en solitario su proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Una ley represiva con la que el Gobierno, lejos de solucionar la situación de paro, desprotección, pérdida de derechos y carencia de medios de subsistencia que sufren los trabajadores, trata de ahogar la movilización social y sindical para así defender sus propios intereses y los de su clase desoyendo, una vez más, el sentir popular.

 Esta Ley se basa en sanciones atribuibles a numerosas conductas tipificando 47 infracciones y dividiéndolas en 4 faltas muy graves, 26 graves y 17 leves. Así, considera infracción muy grave, punible con una multa de 30.001 a 600.000 euros, las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en instalaciones en las que se presten servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, incluyendo su sobrevuelo (…) siendo responsables los organizadores o promotores.

 Las concentraciones o manifestaciones ante instituciones del Estado si no cuentan con los permisos necesarios y no han sido comunicadas, pasarán a ser infracción leve, con una sanción máxima de 600 euros, y solo serán grave si, además de no tener permisos, se produce una perturbación grave de la seguridad ciudadana. Queda por saber cómo se tipificará esa “perturbación de la seguridad ciudadana”… En el anteproyecto de ley se había incluido entre las muy graves las manifestaciones no comunicadas ante el Congreso y el Senado así como ante infraestructuras críticas, tales como centrales nucleares o pistas de aeropuerto, que finalmente quedarán en falta grave. Pero, en el caso de conflicto colectivo en una llamada “infraestructura crítica” ¿cómo se compagina esta restricción con la Ley de Libertad Sindical?

 Es también falta grave la grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial correspondiente. De nuevo pretenden dejarnos indefensos ante los abusos después de la relevancia, en cuanto a denuncia pública, que están teniendo en los últimos tiempos las grabaciones de ciertas actuaciones policiales. Asimismo, atenta contra la defensa jurídica al eliminar pruebas de facto. Este punto ha sido criticado hasta por los propios miembros del sindicato de policías.

 Otras infracciones graves, castigadas desde 601 a 30.000 euros, son la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidos y la negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público ordenada por la autoridad competente.

 En lo tocante a los desahucios, los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito, también son falta grave.

 Finalmente, quedan como infracciones leves, por las que se pagarán de 100 a 600 euros, la celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones sin los permisos correspondientes, incluidos los alrededores del Congreso o el Senado que, si se producen disturbios, pasan a ser consideradas falta grave; las injurias o faltas de respeto y consideración que se realicen en una reunión o concentración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones; la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o de la vía pública y no denunciar el robo o la pérdida del DNI.

 Este régimen de sanciones otorga un poder a la policía a través del cual eres acusado, sentenciado y condenado. Además, las actuales estrategias represivas, aun diseñadas para combatir a las organizaciones, se dirigen hacia el individuo. La represión es más sutil y queda camuflada al adoptar la forma de sanción. Atenta contra nuestros bolsillos de forma individual tratando de minimizar y eliminar otras imágenes de acciones más ligadas a la verdadera represión. La llaman Ley de Seguridad Ciudadana pero los que atentan contra la seguridad ciudadana son ellos, sus chanchullos, sus reformas laborales y sus planes de ajuste, responsables directos de las condiciones de vida miserable de millones de trabajadores.

 La Ley puede descargarse en: http://www.interior.gob.es

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