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Desde que entró en vigor el Real Decreto Ley 16/2012, 873.000 personas inmigrantes en situación irregular se han quedado sin tarjeta sanitariaCerca de 20.000 sólo en Baleares, Comunidad Autónoma en la que se está vulnerando el derecho a la salud de personas inmigrantes en situación irregular. Según la normativa vigente, personas con enfermedades crónicas, como el cáncer o  diabetes, no tienen acceso a asistencia sanitaria gratuita.

Sin embargo, hay Comunidades que se han negado públicamente a dejar sin asistencia sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular, mientras que otras, por el contrario, aplican la nueva normativa. La confusión es tal, que podría estar dificultándose el acceso a la atención sanitaria incluso en las Comunidades que han establecido vías para garantizar la asistencia de personas inmigrantes en situación administrativa irregular.

Amnistía Internacional ha llevado a cabo una investigación en Baleares, que aplicó el Real Decreto Ley cinco meses antes de su entrada en vigor y en donde sus efectos son más evidentes, y por haber recibido numerosas denuncias por parte de inmigrantes en situación irregular que estaban teniendo dificultades para acceder a la asistencia sanitaria. Las conclusiones de esta investigación están recogidas en el informe El laberinto de la exclusión sanitaria: Vulneraciones del derecho a la salud en Islas Baleares.

https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/sanidad%20espa%C3%B1a?CMD=VEROBJ&MLKOB=32500201246

La puesta en marcha del RDL es ya en sí misma una medida regresiva, discriminatoria y contraria a los estándares internacionales. Amnistía Internacional ha podido comprobar cómo su aplicación en Baleares dificulta enormemente el acceso a la salud y puede poner en riesgo la vida de personas inmigrantes en situación irregular.

En sólo un año, en esta Comunidad, se han retirado cerca de 20.000 tarjetas sanitarias, algo contrario a las obligaciones internacionales del Estado, que implican respetar, proteger y hacer realidad el derecho a la salud, sin regresividad y sin discriminación. Una medida contraria también a su propio Estatuto de Autonomía, que garantiza la protección de la salud mediante un sistema sanitario público de carácter universal.

El escenario de confusión y desinformación, provocado en parte por la falta de desarrollo normativo de la legislación estatal, está generando que diversos centros sanitarios apliquen distintos protocolos de actuación, lo que podría estar impidiendo la atención sanitaria de personas cuyas situaciones sí están contempladas en el RDL, como ocurrió con el caso de Alpha Pam, senegalés que falleció de tuberculosis, y al que se le negó hasta en tres ocasiones la realización de pruebas diagnósticas.

Amnistía Internacional ha podido documentar y constatar que en varios centros de salud y hospitales de las Islas Baleares se están produciendo una serie de irregularidades administrativas que no se ajustan ni al Real Decreto Ley ni a los Criterios Generales. Por ejemplo, la organización ha tenido acceso a “compromisos de pago” emitidos en Urgencias, incumpliendo lo que establece el RDL que contempla la gratuidad de este servicio.

“Amnistía Internacional no cree que esta situación pueda calificarse como sistemática, pero tampoco se trata de casos aislados. Hemos tenido acceso a varios de estos “compromisos de pago” emitidos en Urgencias, e incluso a una facturación de casi 19.000 euros efectuada antes del 1 de septiembre, fecha en la que entró en vigor el Real Decreto”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Amnistía Internacional ve con mucha preocupación el posible efecto disuasorio que estas prácticas puedan tener entre las personas inmigrantes en situación administrativa irregular. “Durante la investigación hemos recogido testimonios de muchas personas inmigrantes que aseguran que, ante la advertencia de que se emitiría un “compromiso de pago” en caso de recibir asistencia sanitaria, han optado por no ir a los centros médicos o suspender sus tratamientos, incluso en caso de enfermedades graves”. Este efecto disuasorio podría estar afectando en mayor medida a las mujeres, por tener menor acceso a la información.

De espaldas al derecho internacional 

Diversos organismos de Naciones Unidas, han mostrado su preocupación por el impacto que las medidas de austeridad que se están aplicando en España tiene en los derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud. El último en pronunciarse ha sido el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Discriminación que ha calificado la legislación que restringe el acceso de los inmigrantes a la sanidad como una “novedad lamentable” y ha recomendado a España revisar la reforma sanitaria llevada a cabo en un contexto de crisis económica, con el fin de asegurar que la asistencia sanitaria sea garantizada a todas las personas inmigrantes, con independencia de su situación administrativa.

Amnistía Internacional, al igual que diversos organismos internacionales, lamenta que en una época de dificultades económicas el Gobierno haya optado por no garantizar los derechos humanos de uno de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad y más afectados por la crisis.

El gobierno no ha publicado ningún informe de evaluación de impacto del RDL, ni siquiera ha garantizado el contenido mínimo esencial del derecho a la salud y a la atención primaria, y no ha demostrado que haya utilizado el máximo de los recursos disponibles, tal y como le obligan los estándares internacionales.

Es más, diversos organismos contradicen la idea de que esta medida supondrá un ahorro económico. La propia Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, rechazaba este argumento en 2011, señalando que “excluir a las personas inmigrantes en situación irregular de la atención sanitaria pone en peligro su vida y su bienestar, incrementa el coste de un futuro tratamiento de urgencia y también puede suponer un potencial riesgo de salud para la comunidad”.

Por último, Amnistía Internacional quiere alertar sobre las declaraciones de la Ministra de Sanidad, Ana Mato, autoridades de Comunidades Autónomas y miembros del Partido Popular para justificar la exclusión de la atención sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular, que retratan a las personas inmigrantes como colectivo que no contribuye al desarrollo del país y que abusa de un sistema sanitario al que no tiene derecho.

Amnistía Internacional condena estos discursos que asocian inmigración y utilización indebida y abusiva de la sanidad, que además contradicen diversos informes técnicos que aseguran lo contrario, y que contribuyen a construir prejuicios sobre este colectivo y a estigmatizarlo. Amnistía Internacional recuerda que las autoridades deben abstenerse de utilizar un lenguaje despectivo y no vulnerar su obligación de no discriminación.

http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/violaciones-de-derechos-humanos-caos-y-estigmatizacion-de-inmigrantes-resultados-de-la-reforma-s/

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