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El gobierno ha bajado el sueldo a los funcionarios, suprimido el cheque-bebé, congelado las pensiones y reducido la ayuda al desempleo para afrontar una crisis que han generado los bancos, los políticos y los especuladores bursátiles. Nos gustaría transmitirle al Gobierno lo siguiente:

Dediquen su empeño en rebajar  la vergüenza del fraude fiscal, que en España se sitúa alrededor del 23% del P.I.B. (10 puntos por encima de la media europea) y por el que se pierden miles de millones de euros, fraude que repercute en mayores impuestos para los ciudadanos honestos.

Tengan la vergüenza de hacer un plan para que la Banca devuelva al erario público los miles de millones de euros que Ustedes les han dado para aumentar los beneficios de sus accionistas y directivos, en vez de facilitar el crédito a las familias y a las empresas; y también para erradicalas comisiones por los servicios bancarios y que dejen de cobrar a los españoles más humildes 30.01€, cada vez que su menguada cuenta se queda sin saldo. Cosa que ocurre cada 1º de mes cuando les cargan las facturas de colegios, comunidades, telefonía, etc. y aun no les han abonado la nómina.

Pongan coto a los desmanes de las empresas de telefonía y de ADSL, que ofrecen los servicios más caros de Europa y de peor calidad.

Eliminen la duplicidad de muchas Administraciones Públicas, suprimiendo organismos innecesarios, reasignado a los funcionarios de carrera y acabando con los cargos, asesores de confianza y otros puestos nombrados a dedo que, pese a ser innecesarios en su mayor parte, son los que cobran los sueldazos en las Administraciones Públicas y su teórica función puede ser desempeñada de forma más cualificada por muchos funcionarios públicos titulados y que lamentablemente están infrautilizados.

Hagan que los políticos corruptos de sus partidos devuelvan el dinero equivalente a los perjuicios que han causado al erario público con su mala gestión y/o sus fechorías, y endurezcan el Código Penal con procedimientos judiciales más rápidos y con castigos ejemplares para ellos.

Indecente  es que el salario mínimo de un trabajador sea de 624 €/mes y el de un diputado de 3.996, pudiendo llegar, con dietas y otras prebendas, a  6.500 €/mes. Y bastantes más por diferentes motivos que se le pueden agregar.

Indecente es que un profesor, un maestro, un catedrático de universidad o un cirujano de la sanidad pública, ganen menos que el concejal de festejos de un ayuntamiento de tercera.

Indecente es que los políticos se suban sus retribuciones en el porcentaje que les apetezca (siempre por unanimidad, por supuesto, y al inicio de la legislatura).

Indecente es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años para percibir una jubilación y a los diputados les baste sólo con siete, y que los miembros del gobierno, para cobrar la pensión  máxima, sólo necesiten jurar el cargo.

Indecente es que los diputados sean los únicos trabajadores (¿?) de este país que están  exentos de tributar un tercio de su sueldo del IRPF.

Indecente es colocar en la administración a miles de asesores (léase, amigotes, con sueldos que ya desearían los técnicos más cualificados).

Indecente es el  ingente dinero destinado a sostener a partidos y sindicatos pesebreros, con la aprobación de los  mismos políticos que viven de ellos.

Indecente es que a un  político no se le exija superar una mínima prueba de capacidad, ni cultural ni intelectual, para  ejercer su cargo.

Indecente es el coste que representa para los ciudadanos sus comidas, coches oficiales, chóferes, viajes (siempre en  gran clase) y tarjetas de crédito por doquier.

Indecente no es que no se congelen el sueldo sus señorías, sino que no se lo bajen.

Indecente es que  sus señorías tengan seis meses de vacaciones al año.

Indecente es que ministros,  secretarios de estado y altos cargos de la política, cuando cesan, son los únicos ciudadanos de este país que pueden legalmente percibir dos salarios del Erario público.

Y que sea cuál sea el color del gobierno, todos los políticos se benefician de este moderno “derecho de pernada”  mientras no se cambien las leyes que lo regulan.

¿Y quiénes las cambiarán? ¿Ellos mismos? Já.

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